El Movimiento Nacional-Socialista y la Masacre del Seguro Obrero en 1938: «La torre de sangre»

por Julio Cortés

Durante el siglo XX la acción más notoria del fascismo en versión chilena fue el intento golpista del 5 de septiembre de 1938, que culminó con más de sesenta jóvenes militantes nacional-socialistas muertos por la acción de la policía en la Masacre del Seguro Obrero.

El Movimiento Nacional Socialista se autodenominaba “nacista” en vez de “nazi”, para diferenciarse del nacional-socialismo alemán y afirmar su naturaleza autóctona. Su líder más visible era el abogado Jorge González Von Marées, “El Jefe”.

Los agitados años 30 han sido denominados como la “Segunda Anarquía” en Chile^[1], debido a la inestabilidad institucional, rebeliones y conspiraciones vividas desde fines de la dictadura de Carlos Ibáñez hasta la elección de Arturo Alessandri en 1932 y el inicio en 1938 del ciclo de gobiernos del Frente Popular encabezados por presidentes del Partido Radical (Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla).

Dentro de un panorama político en que aún existía una fuerte presencia anarquista, existía también un Partido Comunista dividido entre la fracción de Lafferte (estalinista) y la de Hidalgo (con cercanía a la Oposición de Izquierda internacionalmente conducida por León Trotsky), y varios grupos socialistas que darían origen al Partido Socialista en 1933^[2].

La derecha tradicional conformada por liberales y conservadores dejaba espacios para diversos populismos y caudillismos como el de Ibañez, que en más de un aspecto parecía enlazar con los autoritarismos de tipo fascista que surgían en Europa.  De hecho, su Ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Ríos Gallardo, lo calificaba como “el Mussolini del Nuevo Mundo”, y declaraba que el fascismo constituía la única fuerza capaz de promover la  renovación nacional, ya que significaba la contención del comunismo a través de un rápido desarrollo^[3].

El MNS fue fundado en abril de 1932, inspirado en el programa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y además de González, tenía como ideólogo principal al economista y sociólogo Carlos Keller, autor en esos años de libros como La eterna crisis chilena (1931), Cómo salir de la crisis (1931) y Un país al garete: contribución a la seismología social de Chile (1932). Publicaban el periódico agitativo “Trabajo” y desde 1934  la revista doctrinaria “Acción Chilena”, a cargo de Keller^[4].

En 1933 formaron las Tropas Nacistas de Asalto, inspiradas en las S.A. de Alemania, con las que se enfrentaban en las calles frecuentemente y con gran violencia contra grupos socialistas, comunistas y anarquistas.

Hacia 1935 contaban con veinte mil afiliados (muchos de ellos menores de edad) y en las elecciones de 1937 obtuvieron tres diputados (entre ellos González, primera mayoría en Santiago), consiguiendo más de 14 mil votos a nivel nacional, que ascendieron a 20 mil en las elecciones de regidores de 1938.

En 1938 formaron junto a otros grupos la Alianza Popular Libertadora y proclamaron a Ibañez como candidato presidencial, pero luego de los violentos sucesos del 5 de septiembre su candidatura fue retirada y los votos nacionalistas terminaron definiendo como ganador a Aguirre Cerda, derrotando al candidato de la derecha tradicional Gustavo Ross solamente por 4.111 votos.

Se ha señalado que si bien en un principio esta formación dependía directamente de su versión germana, siendo activamente apoyada por sectores de la Colonia alemana en Chile, con los años se fue separando de su modelo en la medida que conformaba un cuerpo doctrinario propio, que entre otras cosas se diferenciaría del nacional-socialismo alemán en la cuestión del racismo.

Según Zemelman el fascismo local expresaba al mismo tiempos dos tendencias distintas: por un lado la lucha de la pequeña burguesía y otras capas medias en participar del ejercicio del poder, y por otra respondía a la política del grupo oligárquico tradicional que intentaba construir una base social y política que contrarrestara la alianza de la pequeña-burguesía con los sectores obreros, tal como se expresaba en la fundación en esos mismos años del Partido Socialista^[5].

Para hacerse una idea del ambiente político de los años 30 hay que tener en cuenta que la crisis capitalista mundial desatada en 1929 y que golpeó fuertemente a Chile, ponía al discurso “socialista” en una posición dominante por la posibilidad que ofrecía de realizar cambios estructurales al sistema, y mientras en la década anterior varias corrientes socialistas avanzadas se habían sumado a los partidos de la Tercera Internacional, también era posible apreciar una gran variedad de corrientes socialistas reformistas, así como inéditas amalgamas entre socialismo y nacionalismo. Este elemento nacionalista se mezclaba en esos tiempos con la crítica a la dependencia del capital extranjero, y fue importante  desde un inicio en el PS de Chile así como en las posiciones nacional “desarrollistas”. Así, fue posible apreciar a El Mercurio editorializando acerca de que “una combinación de socialismo y de capitalismo sería necesaria para producir armonía en el orden social”, y a intelectuales como Joaquín Edwards Bello^[6] clamando por “una especie de comunismo nacionalista, libre de ataduras con la Unión Soviética”^[7].

En cuanto a las oscilaciones del discurso y política de alianzas del MNS chileno, tenemos la sospecha que más que a una seria evolución teórica del pensamiento nacista criollo, estas variaciones pueden haber obedecido más bien a la flexibilidad política del Jefe, que tras pactar con los partidos de izquierda para hacer ganar las elecciones al candidato radical Aguirre Cerda cambió en enero de 1939 el nombre de su movimiento al de Vanguardia Popular Socialista, declarándose “antifascista”, para después de breves estadías en la cárcel y en el manicomio reunificarse en 1943 en el Partido Unión Nacionalista de Chile (presidio por el profesor Jorge Gómez Millas) con los disidentes de la orientación “izquierdista” de la VPS que en febrero de 1940 formaron el Movimiento Nacionalista de Chile, dirigido por Guillermo Izquierdo (padre de Felipe y abuelo de Sebastián, que en los 30 había participado del grupo socialista Nueva Acción Pública, además de ser columnista de La Nación bajo el seudónimo de Plutarco). Después de ese cansador periplo el Jefe terminó integrándose en 1948 a las filas del Partido Liberal, del cual fue Secretario General, para retirarse en 1958 -tres años antes de su muerte- cuando los liberales dieron su apoyo a Jorge Alessandri.

Las convicciones gelatinosas y el carácter megalómano de González Von Marées  darían pie a que en 1949 su ex camarada Carlos Keller lo retrate duramente en la novela “La locura de Juan Bernales”, donde le reprocha su irresponsabilidad por la acción del 5 de septiembre, de la cual Keller ni siquiera fue oportunamente informado^[8].

En un panfleto titulado “Pueblo y Estado”, que contiene un discurso de González en el Teatro Carrera el 12 de enero de 1936, al salir de la Cárcel Pública, se señala que entre los objetivos del Movimiento está el de “construir una nueva aristocracia” -similar a aquella que califica de “magnífica” y que fuera clave en apoyar la obra portaliana en el siglo anterior-, así como un nuevo Estado, para de tal modo “estructurar de nuevo al Pueblo, devolviéndole sus antiguas virtudes”. Dado que “en la hora actual el pueblo no tiene derechos, sino deberes”, se trataría de un “Estado fuerte” y “Corporativo”: “La fuerza política del país será estructurada sobre la base de la producción y el trabajo. Las corporaciones, organizadas en concordancia con las diversas actividades nacionales, reemplazarán, como fuerzas políticas, esas masa informes e ineptas que se denominan partidos”. A las corporaciones se las define como “las herramientas con que el Estado Nacista realizará prácticamente su labor de progreso colectivo”^[9].

Yendo ahora al plano de la respuesta represiva estatal en relación al fenómeno nacista de esos tiempos, llama la atención que mientras los conflictos políticos y sociales protagonizados por grupos anarquistas y comunistas eran enfrentados duramente mediante la aplicación de leyes de seguridad del Estado, en la primera ocasión en que se discutió judicialmente si era posible aplicar esa legislación especial a los “nacistas” la justicia optó por darles un tratamiento privilegiado.

El Código Penal de 1874 quedó superado por los niveles de agitación de esta “segunda anarquía”, y por ello se fueron agregando nuevos cuerpos legales como la Ley 5.091 y el Decreto-Ley 50, ambos en 1932, pero con diverso origen.

La Ley 5.091 fue dictada por el debilitado gobierno de Juan Esteban Montero, elegido el año anterior tras la salida de Ibañez al autoexilio, complementaba la Ley  4.935 del año 1931, sobre juzgamiento de delitos militares, y establecía nuevos delitos como el de “los que de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, indujeren a uno o más miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros, a la indisciplina o el desobedecimiento de sus superiores jerárquicos, o de los poderes constituídos de la República” (artículo 1) y el de “Los que inciten a impedir o restringir, o de hecho impidan o restrinjan, la fabricación, reparación, o transporte de materiales bélicos del Estado, o el aprovisionamiento de las tropas o recintos militares” (artículo 2).

Su gobierno fue derrocado el 4 de junio de 1932 por una curiosa mezcla de militares y civiles alessandristas, ibañistas y socialistas, que autoproclamó como “República Socialista de Chile” en que destacaban el comandante de la Fuerza Aérea Marmaduke Grove y el gran maestro de la Masonería Eliodoro Matte (ambos miembros del grupo Nueva Acción Pública, fundado en 1931 y que un año después sería uno de los grupos que confluyen a la creación del Partido Socialista^[10]), además del ibañista Carlos Dávila. El nuevo gobierno fue reconocido por los demás países americanos (a excepción de Estados Unidos), acuñó moneda, disolvió el “Congreso Termal” (institución seudoparlamentaria que funcionaba desde 1930 por acuerdos entre el gobierno de Ibañez y los jefes de los partidos políticos) y legisló ampliamente mediante decretos-leyes.

Ocho días después de su proclamación, Dávila renunció a esta Junta de Gobierno, para cuatro días después asumir el control luego de que el Ejército y la Marina derrocaran al sector de Matte/Grove, quienes fueron apresados y deportados a Isla de Pascua. Luego de esos doce días que duró el experimento inicial, cuyas medidas fueron de carácter más populista que revolucionario^[11], Dávila quedó al mando del país como dictador hasta septiembre, manteniendo el curioso nombre de República Socialista.

Señalan algunos historiadores que “se inició entonces una fase terriblemente represiva de la todavía denominada República Socialista” en que “se impuso el estado de sitio con toque de queda y ley marcial en todo el territorio. Se prohibieron las reuniones de más de tres personas en las calles. Se censuraron todas las publicaciones y la prensa periódica; las radios sólo podían emitir noticias a través de boletines oficiales”, y al mismo tiempo “se intentó ejercer un férreo control sobre la economía”^[12].

En ese lapso dictó el ultra-represivo Decreto Ley 50, que se aplicó sin mayores problemas una vez finalizada su dictadura y luego de las elecciones de octubre de 1932 que dieron el triunfo a Alessandri^[13], hasta ser reemplazado en el año 1937 por la Ley 6.026.

En esta legislación de facto se parte señalando: “Que los movimientos de carácter anarquista, terrorista, que han venido azotando al mundo y que amenazan con destruir las instituciones fundamentales de los Estados, en su organización y sus leyes, han producido una reacción en casi todos ellos, tendiente a evitar en lo posible y a reprimir y castigar en forma efectiva y ejemplar esos actos que son verdaderos crímenes”, y que Chile no es la excepción a esto pues “en nuestro país hemos presenciado atentados de esta naturaleza y en la actualidad se están desarrollando movimientos con los caracteres a que hemos hecho referencia, todos ellos encaminados a subvertir el orden público y, en algunas ocasiones, a producir verdaderos atentados terroristas”.

Por ello la dictadura “socialista” de Dávila propone “una legislación adecuada que reprima los delitos que tengan por objeto la destrucción o perturbación, por medio de la violencia, del orden social actual, realizados contra las instituciones básicas de la sociedad, como son la organización de la familia, la propiedad, la administración de justicia, la educación pública, etc, etc, (sic)”.

El artículo 1 de su Decreto-Ley declara como “enemigo de la República a toda persona que propague o fomente, de palabra o por escrito, doctrinas que tiendan a destruir por medio de la violencia, el orden social o la organización política del Estado, ya sea atacando sus instituciones fundamentales o tratando de derribar el Gobierno constituído o fomentando el atropello a las autoridades y a los derechos que consagra la Constitución y las leyes” y precisa en qué casos serán penalizados por entenderse que están propagando o difundiendo tales doctrinas. La sanción contemplada no es an alta (reclusión o extrañamiento menor en cualquiera de sus grados), pero permite neutralizar al sujeto criminalizado  mediante traslados a otras partes del territorio nacional.  Además se contemplan multas de $ 500 a $ 5,000.

Las mismas penas son aplicables por “el simple hecho de asociarse con el objeto de preparar o ejecutar alguno de los actos delictuosos contemplados en la presente ley, cualquiera que fuere la duración de las asociaciones y el número de sus miembros” (artículo 3). Se trata de una forma de “asociación ilícita” definida por sus objetivos políticos.

Además se sanciona con las mismas penas señaladas (artículo 4):

“a) A los que mantengan relaciones con personas o asociación extranjera a fin de recibir instrucciones o auxilios, de cualquiera naturaleza que fueren, con el propósito de llevar a efecto alguno de los actos punibles contemplados en la presente ley;

1. b) A los que subvencionen a persona o asociación extranjera para que ejecuten en Chile los delitos indicados en el inciso anterior;
2. c) A los que se inscriban como miembros de algunas de las asociaciones de que tratan los artículos anteriores;
3. d) A los que inciten a destruir o inutilizar o de hecho destruyan o inutilicen las instalaciones destinadas a algún servicio público o los medios materiales de comunicación;
4. e) A los que importen, fabriquen, distribuyan o vendan clandestinamente armas, municiones o explosivos. En este último caso, fuera de la pena señalada, se procederá al comiso de esas armas, municiones o substancias explosivas;
5. f) A los que promuevan, estimulen o sostengan huelgas con violación de las disposiciones legales que las rigen;
6. g) A lo que hagan la apología de hechos definidos por las leyes como delitos”.

Adicionalmente se permite impedir la entrada al país de ciudadanos extranjeros “que profesen las doctrinas de que trata el artículo primero y a los que, sean miembros de organizaciones o asociaciones destinadas a su enseñanza o difusión”, y hace aplicable a los que ya sean residentes o domiciliados en Chile “residentes o domiciliados en Chile que ejecuten cualquiera de los delitos a que se refiere este decreto-ley, les serán aplicadas las sanciones y las reglas procesales establecidas en la ley número 3,446, de 12 de Diciembre de 1918. (Ley de Residencia)” (artículo 6).

Cabe destacar la enorme similitud de la jerga utilizada en esta legislación dictatorial de 1932 con el posterior artículo 8° de la Constitución de 1980^[14], así como el lenguaje utilizado en el Decreto-Ley 1094 de Extranjería de 1975, aún vigente^[15].

El DL-50 tuvo un plazo de vigencia mayor al esperado al momento de su dictación, cuando se señaló que regiría “desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial y hasta que la Asamblea Constituyente se pronuncie sobre este mismo decreto-ley, entendiéndose que si no lo rechazare en el término de treinta días, continuará en vigencia”. Finalmente no se generó una nueva Constitución, y siguió vigente la de 1925.

El 12 de febrero de 1937 se promulgó la Ley 6.026, de Seguridad Interior del Estado. Durante los debates parlamentarios se discutió acerca de su necesidad, primando la idea de que el Código penal había quedado rezagado en estas materias. Se debatió también acerca de las distintas formas de violencia, algunas de las cuales podían incluso ser legítimas, como “la de los padres de la patria en contra de la opresión de España”.

Pese a la oposición de la izquierda, que encabezada por Manuel Hidalgo^[16] se retiró de la sesión, el proyecto fue aprobado. En defensa del proyecto el senador conservador Maximiano Errázuriz señalaba que serviría “al Gobierno para tomar medidas enérgicas sobre todo en contra del comunismo y de toda propaganda extremista de izquierda”, haciendo una distinción clara con el nacismo: “Nosotros los conservadores tenemos en nuestro programa todas las elevadas finalidades que persigue el nacismo. No comprendo donde está la novedad de las ideas y en cambio me doy cuenta del inconveniente de los procedimientos tan drásticos si es que el Gobierno por los medios legales, puede extirpar el comunismo hasta desterrar todo conato de violencia”^[17].

Fácil es apreciar que los legisladores comprendían la profunda diferencia entre lo que Walter Benjamin ha llamado “violencia fundadora” y “violencia conservadora” de derecho^[18]: sólo la primera forma de violencia es subversiva del orden social, y por eso debe ser combatida por la violencia conservadora, en principio legal. Si esta última resulta insuficiente y la subversión no logra ser contenida mediante la sola acción represiva legal del Estado, los “medios drásticos” del fascismo están siempre a disposición y todo el aparato político y judicial está llamado a entender que se trata de una forma distinta de violencia, en última instancia justificable si es que la idea es defender el orden de sus enemigos internos y externos. Esta misma distinción entre dos formas principales de violencia aparece de la pluma de Ibañez cuando en abril de 1957 debe enfrentar un inmenso estallido social en Valparaíso, Concepción y Santiago, a causa del alza en precios del transporte^[19]. Al declarar el Estado de Sitio el 2 de abril de 1957, tras la potente “Batalla de Santiago” en que los Carabineros fuer ampliamente superadas por la insurrección popular espontánea, justificó la salida de militares a la calle diciendo: “Tienen las armas que necesitan para ello: fusiles, ametralladoras y cañones. Se emplearán para poner fin a la obra vandálica de los malvados que pretendan producir el caos y la anarquía”. Y tras detallar las medidas de prohibición de reuniones y censura periodística remata: “El Gobierno no ataca. Defiende el orden social y a la violencia ilegítima e irresponsable opondrá la violencia legítima y restauradora”^[20].

La nueva Ley de Seguridad del Estado de 1937 contemplaba en su artículo 1 un enorme y actualizado catálogo de delitos sancionados con reclusión, relegación o extrañamiento menores en sus grados medio a máximo y multa de 500 a 5,000 pesos. Cometían delitos contra la Seguridad del Estado “aquellos que:

1) Induzcan de palabras, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, a uno o más miembros de las fuerzas armadas o de policía a la indisciplina o al desobedecimiento de sus superiores jerárquicos, o de los poderes constituídos de la República;

2) Inciten a la subversión del orden público o a la revuelta o alzamiento contra el Gobierno constituído, o a los que, con los mismos fines, inciten a la ejecución de los delitos de homicidio, robo o incendio, o de los crímenes o simples delitos previstos en el artículo 480 del Código Penal, o en los Títulos I y II del Libro II del mismo Código;

3) Inciten, provoquen o fomenten la rebelión contra las instituciones nacionales o contra la forma de Gobierno de la República; o el atropello, por medios violentos, de los derechos que establece la Constitución Política;

4) Propaguen o fomenten, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir por medio de la violencia, el orden social o la organización política y jurídica de la nación;

5) Se asociaren con el objeto de preparar o ejecutar cualquiera de los actos delictuosos contra la seguridad interior del Estado contemplados en la presente Ley, sea cual fuere la duración de las asociaciones y el número de sus miembros;

6) Mantengan relaciones con personas o asociación extranjeras, con objeto de recibir instrucciones o auxilios de cualquier, naturaleza que fueren, con el propósito de llevar a cabo alguno de los actos punibles contemplados en el presente artículo;

7) Subvencionen a persona o asociación extranjera para que ejecuten en Chile los delitos considerados contra la seguridad interior del Estado;

8) Se inscriban como miembros o pertenezcan a alguna de las asociaciones de que tratan los números anteriores.

9) Propaguen de palabra, por escrito, o por cualquier otro medio, en el interior, o envíen al exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas, destinadas a perturbar el orden, tranquilidad y seguridad del país, el régimen monetario o la estabilidad de los valores y efectos públicos;

10) Procedan con negligencia culpable, siendo funcionario público encargado de la fuerza, a cumplir las leyes, reglamentos o instrucciones que, en circunstancias graves y especiales, imparta el Gobierno legítimamente constituído;

11) Se reúnan, concierten o faciliten reuniones, que tengan por objeto derribar el Gobierno legítimamente constituído;

12) A sabiendas arrienden o faciliten gratuitamente casas o locales para reuniones destinadas a ejecutar actos contra la seguridad interior del Estado, o arrienden, o faciliten gratuitamente casas o locales, a organizaciones, asociaciones o sociedades que enseñen, propaguen o fomenten las doctrinas de que trata el número 4 del presente artículo”.

Nos hemos detenido en explicar en cierto detalle en qué consistía esta legislación de emergencia, puesto que contenía el catálogo de “delitos políticos” que se aplicaba en los tiempos en que los nacistas chilenos comenzaron a accionar violentamente en las calles.

En el primer episodio que adquirió gran notoriedad pública, el 15 de noviembre de 1936 un grupo de asalto del MNS repelió un ataque a balazos, efectuando varios disparos en las inmediaciones de la estación de tren de Rancagua. El hecho causó conmoción, y en los debates parlamentarios incluso se habló de la posible intervención de agentes del Estado.  En el proceso penal llevado por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago fueron detenidos 97 sujetos, de los cuales finalmente 91 fueron sobreseídos, y a cinco de ellos se les condenó a multas de sesenta pesos por “cargar armas prohibidas sin permiso” y uno fue condenado a 40 días de prisión por causar lesiones leves a una de las víctimas.

Conociendo del recurso de apelación la Corte Suprema sentenció que “los hechos expuestos no revisten caracteres de delito y muy en especial de los contemplados en la ley 6.026”, agregando además no se ha “resuelto con antelación que el Nacismo o el uso de uniformes o signos con que sus individuos e distinguen importen por sí solos la comisión de un delito (…) pues dentro del conocimiento público que se tiene de ese movimiento no aparece que tienda a destruir por medio de la violencia el orden social o la organización policía y jurídica de la Nación”^[21].

Algo parecido ocurrió en otro proceso judicial del año 1937, en relación a la actividad del MNS en Vallenar, denunciada por el Gobernador de Huasco por posible infracción al art. 12 de la Ley 6.026. El ministro de la Corte de La Serena a cargo de la investigación señaló que no tenía antecedentes para sostener que “el Partido Nacional Socialista sustenta principios que se propongan implantar en Chile un régimen opuesto a la democracia”. Ante eso el ministro solicitó por exhorto al Juez del Crimen de Santiago que tomara declaración al respecto a González Von Marées, quien no perdió oportunidad de publicitar sus posiciones, adjuntando un ejemplar del periódico Trabajo y declarando que el MNS “tiende a restaurar el verdadero concepto democrático de Gobierno, desvirtuado por el actual sistema de partidos políticos”^[22].

Estas consideraciones altamente comprensivas podrían trasladarse a nuestro tiempo: en el año 2010 el Tribunal Constitucional se negó a una solicitud para ilegalizar al partido en formación Patria Nueva Sociedad, del neonazi Alexis López Tapia, señalando que “la Constitución protege también a quienes la niegan”^[23]. Poco antes la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado un recurso en favor de un Centro Social anarquista en Pudahuel, señalando que “la cautela o acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental, está destinada a proteger a las personas que han sido objeto de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que, establecidos en su artículo 19, se precisan en esa misma norma, siempre  que el afectado se encuentre ‘en el legítimo ejercicio’ de tales derechos, garantías y privilegios especiales. En la especie, no se advierte ejercicio legítimo alguno por parte de la recurrente si se tiene en cuenta que, como se expresa en la letra c) del considerando tercero de la presente sentencia, la recurrente se encuentra ligada al ‘CENTRO SOCIAL AUTONOMO Y BIBLIOTECA JOHNNY CARIQUEO’, en cuyas pancartas allí citadas, se trata de la pasividad del Estado, amenazando públicamente, que ni la muerte ni las jaulas, los derrotarán, refiriendo más tarde una guerra civil  que contra el Estado y el Capital, mantiene ese centro, y que seguirán en pie ‘CONTRA EL PODER’, lo cual no implica sino hechos claramente antijurídicos que deslegitiman toda acción protectora que la Constitución Política haya creado para mantener el Estado de Derecho y la paz social de que hoy goza la República”^[24].

Volviendo al siglo XX, tampoco se le puso coto a las actividades nacional-socialistas cuando en el Teatro Carrera durante un acto el 11 de julio de 1937 El Jefe incurriera, según agentes de carabineros infiltrados en el lugar, injuriara al presidente Alessandri y al futuro candidato presidencial y es ministro de Hacienda Gustavo Ross. Diputados de todos los sectores defendieron el fuero parlamentario de González y el derecho de reunión de los miembros del MNS.

El 21 de mayo de 1938 Jorge González fue un poco más lejos, efectuando un disparo con su revólver dentro del Congreso nacional en la sesión de apertura del período ordinario de sesiones. Pese a los intentos de la policía por detenerlo, fue defendido por varios parlamentarios hasta ser dejado en libertad.

El 4 de septiembre del mismo año la campaña de la Alianza Popular Libertadora por su candidato presidencial Carlos Ibañez del campo realizó una masiva marcha en la Alameda. Al día siguiente un grupo de nacistas ingresó violentamente a la Casa Central de la Universidad de Chile, secuestrando al rector Juvenal Hernández, mientras otro grupo se tomaba el Seguro Obrero, a pocos metros de La Moneda, y un tercer grupo realizaba sabotajes dinamitando una torre de energía eléctrica. En las balaceras murió el carabinero José Luis Salazar.

Alessandri envió al Ejército a recuperar la Universidad de Chile, lo que se logró rápidamente por orden del general Oscar Novoa que ordenó  traer un cañón desde el Regimiento Tacna para disparar  contra la puerta, logrando apresar a la totalidad de los nacistas ahí agrupados. El propio Presidente dio la orden de llevarlos al edificio del Seguro Obrero, en cuyos pisos superiores se habían atrincherado sus camaradas y donde la acción represiva estaba a cargo de Carabineros de Chile, a mando del general Humberto Arriagada Valdivieso.  La versión oficial señalaba que la idea era  intentar que los nacistas apresados convencieran al resto de rendirse, y que al ser rechazados fueron asesinados por sus propios compañeros, no quedando a la policía otra opción que abrir fuego.

Como ya es costumbre en Chile, la versión oficial reflejada en el titular del Diario Ilustrado que decía “Nacistas fueron muertos por sus propios compañeros” era absolutamente falsa: los ocupantes del edificio se rindieron y hubo órdenes claras de los mandos policiales, siguiendo instrucciones de Alessandri (que en su autoexilio romano en 1924 se había entrevistado personalmente con Mussolini), de ejecutarlos a todos en el estrecho pasillo del piso 6. De ahí que se hablara en ese entonces de estos hechos aludiendo a la potente  imagen de  una “torre de sangre”.

Tres de los nacistas no murieron, y fueron encontrados entremedio de los cadáveres por un diputado liberal que se apersonó de noche a inspeccionar el lugar. Sus testimonios y las autopsias resultaron claves en confirmar que se trató de una verdadera masacre de Estado.

González Von Marées se presentó voluntariamente junto a Oscar Jiménez en la 14 Comisaria de Carabineros y confesó que la operación tenía por objetivo reinstalar a Ibañez en el poder.  La acusación fiscal en el proceso seguido por estos hechos señaló que Ibañez debía tener algún nivel de participación, pudiendo ser responsable de conspiración para la rebelión. Jorge González declaró que Ibañez estaba informado del plan, y que “las tropas estaban listas para apoyar el movimiento, siempre que lo iniciaran los civiles”^[25].

A inicios de octubre, ante el repudio que la masacre estaba generando en la ciudadanía, el presidente Alessandri se dirigió al país asumiendo toda la responsabilidad y justificando lo ocurrido como “una medida de guerra, necesaria en aquellos momentos de apremio y por muy dolorosa que parezca”, pero sosteniendo a la vez que “nadie quiso ni pretendió, ni imaginó ordenar el fusilamiento o muerte de los detenidos”. Incluso insistió en la tesis de que a los ocupantes del Seguro Obrero “se les mandaron varios parlamentarios intimándoles rendición”, y que “no volvieron y, aún más, algunos de ellos, tildados de cobardes y traidores por sus propios compañeros por haber faltado a su juramento y haberse rendido sin entregar la vida, fueron ultimados por ellos mismos”^[26].

Por sentencia de 23 de octubre de 1938 González Von Marées fue condenado a la pena de veinte años de reclusión mayor y Oscar Jiménez a quince años de reclusión mayor en su grado medio, como jefes del movimiento de rebelión a mano armada contra el Gobierno legalmente constituido. Los Carabineros que participaron en la represión fueron sobreseídos temporalmente.

El 25 de octubre de 1938 fue elegido Pedro Aguirre Cerda como presidente de Chile, con los votos del MNS, y el 4 de diciembre del mismo año el flamante gobierno del Frente Popular indultó a todos los nacistas condenados por los sucesos del 5 de septiembre.

En marzo de 1939 se planteó una acusación constitucional contra Alessandri como responsable de la masacre, pero en abril del mismo año se propuso una amnistía para todos los partícipes de la represión, la que finalmente fue dictada el 17 de abril de 1941 mediante la Ley 6.885, en términos bastante claros y sencillos: “Concédese amnistía general a todos los ciudadanos que tuvieron intervención en la represión del movimiento revolucionario del 5 de septiembre de 1938”.

Por algo esta parte del libro de Elizabeth Lira y Brian Loveman que hemos venido refiriendo se titula “El gobierno del Frente Popular: indultos para todos”^[27]. Lo cierto es que en este caso las amnistías e indultos permitieron entre otras cosas mantener en la penumbra la responsabilidad política y penal de dos gigantescos rivales como eran Ibañez y Alessandri^[28].

Episodio 2,  Del “Ariostazo” al “Complot de Colliguay”: Ibañistas, Camisas Negras y peronistas complotando juntos  durante la Guerra Fría.

El MNS dejó de existir tras los sucesos del 5 de septiembre, reconfigurándose por una parte como la Vanguardia Popular Socialista, creada en 1939 y dirigida por González Von Marées, en lo que se ha interpretado como una especie de giro hacia la izquierda en un franco acercamiento al PS, sobre todo mediante Oscar Schnake, llegando a intentarse incorporar a la Vanguardia en el Frente Popular, todo esto en una época en que en otros países se ensayaban experiencias similares de “tercera posición” (entre las cuales suele citarse al APRA peruano, además del MNR boliviano y el peronismo argentino). El 3 de septiembre de 1939 se realizó una conmemoración conjunta de la Masacre del Seguro Obrero entre la VPS y el PS.

Estos acercamientos resultan profundamente significativos pues se trataba de dos corrientes rivales surgidas casi al mismo tiempo (1932 y 1933), que de distintas maneras representaban alternativas “socialistas de Estado” frente a la crisis, y que un poco antes se enfrentaban duramente en las calles con muertos y heridos en ambos bandos. Nacionalismo y socialismo ya habían complotado juntos con no muy buenos resultados en la República Socialista de 1932, y volverían a acercarse en los años 50, cuando uno de los sectores en que se había dividido el socialismo chileno, el Partido Socialista Popular, diera su apoyo a la candidatura de Ibañez, formando luego parte de su gobierno.

Aparentemente, parte del socialismo chileno convirtió el “antiestalinismo” -aportado por una importante presencia de ex trotskistas en el PS- no en una crítica revolucionaria del mismo, sino que en un nacionalismo vulgar que renegaba de cualquier “dirección” internacional como la de Moscú.

En todo caso, se ha documentado que ya hacia mayo de 1938 González había criticado el fascismo internacional por haberse transformado en una forma de imperialismo, y se le habría dado un giro temático a Trabajo, desmarcándolo de su contenido antisemita usual, llegando a decir que en Chile había espacio suficiente para “el indígena, el español, el latino, el germano, el anglosajón, sin excluir al judío”^[29]. Frente al fascismo imperialista y racista, el MNS pretendía ser y seguir siendo “la única fracción política práctica y decididamente anti-imperialista”.

Zimelman explica la declinación del MNS en base a la ambigua posición en que estaba con respecto al viejo orden. Mientras la derecha al principio le dio espacios porque servía para contener al comunismo, finalmente las discrepancias respecto al carácter que debería tener el nuevo Estado, y la radicalización de la violencia en su discurso terminó por asustar a los sectores medios y a los conservadores, que no podían “contemplar indiferentes que el nacionalsocialismo insista en la constitución de una nueva élite que no se legitima ni en el nacimiento ni en la riqueza, rompiendo así con las bases sociales de la dominación imperante”^[30].

En 1940 González publica “El mal de Chile (Sus causas y sus remedios)”, donde aún defiende una “interpretación biológica de la historia” y postula la necesidad de una “democracia orgánica”^[31].

Un sector no estaba de acuerdo con ese “viraje a la izquierda” de González al mando de la VPS, y tampoco con la condena pública que hizo la VPS del intento de golpe de Estado del General Ariosto Herrera el 25 de agosto de 1939. Estos disidentes conformaron a inicios de 1940 el Movimiento Nacionalista de Chile, liderado nada menos que por Ariosto Herrera y su abogado defensor, Guillermo Izquierdo Araya.

Antes que ellos, en octubre de 1938, otros elementos provenientes del antiguo MNS y que no llegaron a integraron a la VPS pues estaban descontentos desde antes con el Jefe por haberse alejado de la ortodoxia, formaron el Partido Nacional Fascista, liderado por Raúl Olivares y Osvaldo Gatica, marcadamente antisemita y de efímera existencia.

El lema del nuevo Movimiento era: “Ni con la Derecha, ni con el Centro, ni con la Izquierda: ¡Con Chile!”, con lo cual se diferenciaban de la orientación pretendidamente izquierdista de la VPS, permaneciendo en el espacio propio de la Tercera Posición.

Tanto la VPS como el MNCh tenían grupos de asalto, y así fue como Jorge González se vio una vez más en problemas con la justicia cuando el 16 de mayo de 1941 una brigada de la Vanguardia atacó la Convención Nacional del Partido Radical en un local de Huérfanos con Teatinos, matando a una persona e hiriendo gravemente a otra. Este suceso es relevante para matizar las versiones que atribuyen un abandono al menos transitorio de la orientación fascista por parte de la VPS, que no sólo siguió operando de esta forma característica sino que en poco tiempo se fusionó sin problemas con el MNCh. También es relevante por cuanto en esta ocasión Carabineros se negó a accionar en contra de la VPS, lo que según algunos era una respuesta al hecho de que varios policías habían estado presos por los hechos del Seguro Obrero, pero también podría ser una expresión de la tendencia más o menos natural de la policía a simpatizar con los grupos fascistas que cumplen funciones parapoliciales, tal como ocurre en nuestro tiempo.

El Ministro del Interior, Arturo Olavarría, ordenó allanar la sede de la VPS, pero el oficial de Carabineros a cargo se excusó de cumplirla por no hallarla competente. González se defendió a tiros cuando fue apresado en su domicilio, ganándose una estadía en la Casa de Orates fundamentada en el artículo 272 del Código Sanitario.

En una nueva demostración del camaleonismo del Jefe, la VPS se distanció a poco andar de su amistad con el PS y el Frente Popular, para acercarse a los partidos tradicionales de derecha (Liberal y Conservador) en busca de financiamiento, y terminar bajo los auspicios de Ibañez reunificándose con el grupo de Izquierdo en 1943, formando el nuevo partido Unión Nacionalista de Chile, cuyo principal jefe y vocero fue el destacado profesor Juan Gómez Millas, ex militante del MNS y futuro Ministro de Educación y Rector de la Universidad de Chile, en cuya memoria se ha designado tanto un Campus de la Universidad de Chile en la comuna de Ñuñoa como a un tramo de una calle cercana que antes se llamada Los Aromos, entre Macul (rebautizada hace años como José Pedro Alessandri) y Pedro de Valdivia.

En 1941 González señaló, refiriéndose a su supuesto viraje a la izquierda, que “asumimos una actitud externa que superficialmente considerada, resultaba contradictoria con nuestros principios. La exigencias de la lucha nos obligaba a encubrir con un velo democrático y hasta de apariencias filomarxistas, nuestro verdaderos sentimientos y convicciones”^[32]. Reconoce que los resultados fueron desastrosos para su organización, cundiendo la desmoralización y el retiro masivo de militantes.

Por su parte, Guillermo Izquierdo, en una entrevista al profesor nazi Erwin Robertson efectuada en 1983, comenta que tras la muerte de Aguirre Cerda y ante la candidatura del radical Juan Antonio Ríos, en el contexto “de esa campaña electoral nos encontramos en el mismo campo político –pro Ibáñez– con la VPS”. Además, confluían en ese campo con elementos de la derecha tradicional: “el cuerpo directivo de la campaña de Ibáñez, se reunía al llegar a San Martín (…) componían ese comité ejecutivo Jaime Larraín (representante de los elementos gremiales), Hugo Cepeda (Partido Liberal), yo, como Jefe del MNCH y además por la VPS, y un conservador”^[33].

El nuevo partido fue en gran medida organizado desde las sombras por Ibañez. Según rememoraba Izquierdo en 1983: “Ibáñez nos llamó, nos recibió dos veces en casa de sus suegra (Alameda frente a la Gratitud Nacional) , para decirnos que los nacionalistas, que estaban divididos en dos fuerzas, que se fusionaran e hicieran de ambas una sola, y que él iba a recomendar a sus partidarios que también ingresaran a esta nueva fuerza nacionalista”^[34].

Esta reagrupación durará poco tiempo. Izquierdo en su entrevista reconoce la pronta decadencia de la Unión Nacionalista de Chile, a la que le faltaban varias de las cualidades del nacionalismo anterior. Su pérdida progresiva de relevancia llevó a Gómez Millas a disolver la organización en 1945. Sobre este proceso de enfriamiento Izquierdo señala: “La Unión Nacionalista fue un partido más, era un nacionalismo frío y no tuvo la acogida que se esperaba. La unión no poseía los rasgos de los anteriores movimientos; le faltaba el calor que había tenido el MNS y el MNCH, que salían a combatir en la calle con uniforme. Y cada día se enfriaba más”^[35].

La derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial fue otro factor importante de desmoralización y decadencia de las posiciones fascistas/nacionalistas en Chile.

Tras la debacle de la Unión Nacionalista y aún en el año 1945 Izquierdo se sumará al grupo secreto Renovación, que luego se transformará en el Club Los Cóndores^[36]. Otros nacionalistas ingresaron al Partido Agrario, y el nieto del héroe nacional Arturo Prat, Jorge Prat Echaurren, junto a socialistas y el ex Ministro del Interior Arturo Olavarría (radical expulsado a quien ya vimos en este capítulo persiguiendo a Jorge Gonzalez y la VPS tan sólo cuatro años antes) formó la Acción Chilena Anticomunista (ACHA). Dos detalles importantes a señalar: Prat (nieto) es mencionado como uno de los referentes directos de Patria y Libertad a inicios de los 70, en tanto articulador del “nacionalismo histrico”^[37], y “ACHA” fue una de las “chapas” adoptadas por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en los 80 para reivindicar la autoría de crímenes contra militantes de izquierda.

Corresponde ahora detallar quien era el general Ariosto Herrera, y la intentona golpista que protagonizó en agosto de 1939 en contra del gobierno de Aguirre Cerda, conocida como “el Ariostazo”.

Herrera había sido agregado militar en Italia, declarado públicamente su admiración por Mussolini. Fue designado fiscal militar para investigar una conspiración militar conocida como “el complot del póker” dada a conocer en julio de 1939 y en la que aparecían involucrados miembros de un Frente Nacional chileno. Su simpatía por los conspiradores lo llevó a sobreseerlos a pesar de las opiniones de sus asesores jurídicos, por lo cual el 23 de agosto fue llamado a retiro.

El mismo día antes declaró en entrevista a la revista Ercilla: “Yo amo a los regímenes dictatoriales (…) Mi madura convicción de soldado está de acuerdo con las ideas totalitarias. He viajado por Europa. Allí aprendí a admirar la obra de Hitler y del Duce”^[38]. Agregó que él no conspiraba, pues era un soldado, y que iba a acatar la resolución gubernamental, pero sin presentar su expediente de retiro.

El día 25 de agosto se presentó con uniforme en el regimiento Tacna, desde donde mandó a buscar a Ibañez, que llegó acompañado de algunos civiles pertenecientes a la Alianza Popular Libertadora. La oficialidad  ahí presente apoyaba en principio manifestarse en contra del llamado a retiro de Herrera, pero cambió de opinión al advertir que se trataba de un intento de golpe de Estado. Los conspiradores fueron detenidos, se declaró Estado de Sitio desde Arica a Puerto Montt durante 20 días, y se destituyó a 50 oficiales y dos alféreces.

En la investigación llevada a cabo por la justicia militar Herrera reconoció que su intención era establecer “un régimen totalitario a base de corporaciones parecido al que existió en Italia, pero con modalidades que correspondieran a nuestra nacionalidad”^[39].

Finalmente la misma Ley de Amnistía dictada en 1941 para los represores del movimiento del 5 de septiembre de 1938 alcanzó a todos los involucrados en el movimiento del 25 de agosto de 1939, incluidos Ibañez y Herrera.

Las andanzas de los grupos fascistas y/o nacistas no terminaron ahí. Ya señalamos el incidente ocurrido en 1941 que llevó por un tiempo a González Von Marées a la Casa de Orates, de la cual salió gracias a un recurso de amparo acogido por la Corte Suprema, que hizo valer su fuero parlamentario.

En agosto del mismo año se inició un proceso por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado atribuidas a alemanes que pertenecían a la Sección Chilena del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y que operaban principalmente en Puerto Varas. El proceso fue conducido por el ministro Humberto Mewes, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, practicándose varias detenciones. Tras una seguidilla de recursos presentados por la defensa de los miembros de este “Landesgruppe”, asumida por Osvaldo Koch Kreft (yerno y ex ministro de Justicia de Ibañez), el caso fue cerrado por la Corte Suprema, que a pesar de los señalamientos de que este partido constituía un organismo funcional que obedecía a las órdenes de un Estado extranjero, estimó que los delitos no estaban acreditados, por lo que acogió los recursos de amparo^[40].

Cerramos las referencias a este período refiriéndonos al “Complot de Colliguay”, un escandaloso intento de golpe de Estado por parte del nacionalismo ibañista que acudía a la simulación del secuestro de dos dirigentes sindicales como intento de justificar y producir la agitación necesaria para la caída del gobierno de González Videla.

La burda maquinación tuvo luego de la realización de la Marcha del Hambre el 22 de agosto del año 1951, donde se dieron encendidos discursos, destacando el de Edgardo Maass, socialista popular, presidente de la Federación de Empleados de Bancos, que en su alocución dijo que “cuando el pueblo repudia a un Gobierno este debe irse, pues de lo contrario la ciudadanía lo obligará a abandonar el poder”.

Esa misma noche Maass fue “secuestrado”, junto con otro orador Domiciano Soto, comunista y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de Chile. Ambos fueron llevados en un automóvil (que pertenecía a Guillermo Izquierdo Araya) hasta la mina abandonada de Alto Totoral, en la localidad de Colliguay.

Su desaparición fue denunciada al día siguiente, causando gran conmoción pública y acusaciones en contra del Gobierno y sus Servicios de Investigaciones. En una Marcha del Pueblo a favor de Ibañez se exhibió un retrato de Maass con la leyenda “Lo queremos vivo”. González Videla negaba toda responsabilidad en los hechos, y se ofrecieron recompensas a quienes suministraran información.

El 26 de agosto fueron encontrados por un cazador que solía ir a ese sector, quien se extrañó de ver a dos sujetos bien vestidos  jugando rayuela en la entrada de una recóndita mina abandonada. Motivado por la recompensa dio la información a Carabineros, que llegó al lugar y comprobó que ambos “secuestrados” estaban custodiados por Carlos Fellemberg, al que procedieron a detener.

La Corte de Apelaciones de Santiago designó al ministro José Eyzaguirre para instruir una investigación penal, donde además de Fellemberg e Izquierdo fueron inculpados Juan Diego Dávila, Federico Giemza, Alfonso Moreno, Enique Paut y Octavio O’Kingston, además de Soto y Maass .

El ministro Eyzaguirre estimó que se configuraba un “atentado contra el orden público” en los términos de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (N° 8.987, de 1948, que modificaba parcialmente la ya referida Ley de Seguridad del Estado de 1937). Quedaba acreditado según el tribunal que el objetivo de la desaparición de los dirigentes era producir conmoción pública y que se declarara un paro general indefinido.

Se dejó constancia de que Fellemberg “actuó sinceramente convencido que el acto que realiza favorece a la Patria”. En cuanto a los secuestrados, se estableció que mientras Maass estaba al tanto del plan, Soto lo ignoraba, y en un inicio pensó que estaba en poder de Investigaciones. De todos modos se le consideró responsable de haber terminado participando, aunque fuera por temor, no llegando a configurar “miedo insuperable” pero sí  una circunstancia atenuante.

A Giemza se le encontró en su departamento interesante documentación, incluyendo un croquis detallado de La Moneda con varias marcas y nombres de regimientos, y un plan de gobierno en que se incluían nombres de quienes ocuparían diversos cargos, destacando el de Ariosto Herrera a cargo de un Tribunal “destinado a juzgar a actuales oficiales y generales de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios públicos y a políticos de diversos partidos”^[41].

Si bien nunca fue posible aclarar quienes estaban en concreto detrás de esta grave conspiración, el abogado a cargo del caso por parte del Consejo de Defensa del Estado, Eduardo Novoa Monreal^[42], concluyó que se trataba de una oscura trama que involucraba a ibañistas, a fascistas chilenos como Guillermo Izquierdo Araya (que militaba en el agrario-laborismo y a la vez era el “guía espiritual de una organización secreta llamada ‘Los Cóndores’ que era de índole nazi”, con antiguos militantes del MNCh)^[43] quien estaba en estrecho contacto con el fascista italiano Carlos Scorza (fundador de los Camisas Negras), por entonces escondido en Buenos Aires gracias a sus contactos con el peronismo. Si bien “por razones personales no se involucró en los hechos más allá de facilitar su automóvil (…) el sentenciador lo consideró autor de los hechos investigados por haberse concertado para facilitar los medios para la ejecución del hecho”^[44].

Izquierdo fue condenado a cinco años de cárcel, que le fueron luego rebajadas a tres años y un día de relegación en Iquique, con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer derechos políticos. Giemza fue condenado a siete años de presiio, rebajados luego a cinco años y un día. Fellemberg y Maass fueron condenados a cinco años de presidio, y Soto a tres años y un día de relegación en la ciudad de Copiapó.

El Complot de Colliguay se cerró con un indulto dictado González Videla en septiembre de 1952, por el cual dejó sin efecto las condenas impuestas a un conjunto de personas involucradas en el Complot de Colliguay.

González Videla indultó a todos estos personajes poco antes de terminar su mandato, justificando que “el Presidente de la República, próximo a hacer entrega del Mando Supremo de la Nación a su sucesor, elegido en un acto en el que la República ha emergido con sus Instituciones fortalecidas por la ejemplar cultura cívica del pueblo, creyó conveniente dispensar, de acuerdo con el Parlamento, el honroso perdón, en la seguridad que los actos, delitos u omisiones imputados no volverán a repetirse, ya que el pueblo supo señalar que el verdadero camino para reemplazar a las autoridades constitucionales por otras, se puede efectuar por la vía democrática, sin recurrir a la subversión, conspiración, sedición, alzamiento ni a la violencia en general”^[45].

Lira y Loveman concluyen que “este decreto de indultos particulares es casi emblemático de la política chilena de la época. No obstante la Guerra Fría y la represión del comunismo criollo, González Videla, en época electoral, había incluido en un mismo decreto de indulto a nazis, ‘nacionalistas’, sindicalistas, comunistas y otros por delitos políticos diversos. Las elecciones de 1952 llevarían a la Presidencia a un conspirador perenne, Carlos Ibañez del Campo”^[46].

Gracias a este indulto el fascista Izquierdo -incorporado desde 1948 al ibañista Partido Agrario Laborista, del cual fue presidente entre 1954 y 1957-  pudo ser elegido Senador por Antofagasta y Tarapacá en 1953. Y si en 1938 el candidato del Frente Popular salió elegido gracias a los votos nacistas, en los años 50 gran parte del socialismo chileno apoyó la candidatura y posterior gobierno de Ibañez, el ex dictador, fundador de Carabineros de Chile,  promovido en su momento por los suyos como “el Mussolini del Nuevo Mundo”.

Son las vueltas de la historia, alternando entre el socialismo nacional y el nacional socialismo.

Una adecuada teoría sobre lo que fue, sigue siendo y podría llegar a ser el fascismo no debería olvidar que, tal como destaca Gilles Dauvé, “fueron los socialistas y no los nazis quienes aplastaron las Insurrecciones proletarias” de hace cien años”^[47].

Como dicen que dijo una vez Mark Twain, “la historia no se repite, pero rima”.