Por Radio Villa Francia
Un silencio absoluto se ha escuchado en la prensa empresarial y televisiva, en el más reciente caso de persecución político-judicial a la libertad de expresión en chile.
Uno de los casos más graves de persecución institucional a la prensa, y que sienta un peligroso precedente judicial, es el que afecta al medio independiente Resumen.cl, cuyo editor Felipe Soto, fue condenado a una pena de cárcel por investigar y publicar antecedentes de un caso de posible corrupción en dos municipios de la octava región.
La condena emitida por el tribunal de letras y garantía de Concepción, se dictó a raíz de una querella penal «por injurias y calumnias» del funcionario del Gobierno Regional del Bio Bío, Rodrigo Daroch, contra el medio independiente. La querella alude a una supuesta calumnia contenida en un reportaje de investigación de resumen.cl[1], que trata sobre presuntas irregularidades de Daroch en el municipio de Quilleco, donde Contraloría abrió un sumario abril de 2022 por irregularidades que consistían en:
(i) actividades de campaña durante su jornada laboral en el Gobierno Regional del Bío Bío [2], y
(ii) eventuales trabajos paralelos en diferentes municipios para los que la Contraloría determinó que «no hay constancia de las funciones ejecutadas».
Esta misma información fue reportada en abril de 2022, por Radio Bio Bío[3], quien en su nota publicó además los descargos de Daroch: «Para lo que se me contrató en los respectivos municipios, el trabajo se realizó y fueron entregados informes periódicos mensuales (…) se busca dañar mi imagen de una manera mal intencionada».
El trabajo de investigación de Resumen contiene dos partes:
- Perfil político del funcionario público, elaborado a partir de fuentes de la zona e información pública. Daroch es militante histórico y ex vicepresidente del PPD, además de hombre de confianza del actual Gobernador regional del Bio Bio, Rodrigo Díaz (ex democristiano). Este militante PPD posee una amplia red de amistades en la región, en particular con el alcalde de Quilleco.
- Descripción del modus operandi utilizado en el pasado por otros funcionarios públicos en la zona. La fuente corresponde a las páginas de transparencia de los municipios e información oficial de Contraloría. Se describe el método consistente en un trabajo de jornada completa en una entidad pública (ej. Municipio) y la contratación a honorarios de servicios en otro ente público (ej. un municipio distinto). Según los dictámenes de Contraloría se configura así un «método» de eventual pago de sobresueldos.
En abril de 2022 contraloría abre un sumario a causa de detectar «que no hay constancia de las funciones ejecutadas» por Rodrigo Daroch, «quien durante 2021 mantuvo trabajos en forma paralela en el DAEM de Los Ángeles a contrata por 44 horas – ganando desde marzo hasta agosto $1.317.316 mensuales- y otro para la Municipalidad de Laja a honorarios -ganando $1.681.000 desde febrero del 2021 hasta junio del mismo año»[4]
Daroch, sin solicitar el derecho a réplica a Resumen.cl, y apoyando su demanda únicamente en el título del artículo: «El método Daroch en la Provincia del Bío Bío: presuntos sobresueldos en la Municipalidad de Quilleco», interpuso una querella por «injurias y calumnias» pese a que el reportaje no califica ningún hecho imputado a él como corroborado -sino presunto- y en etapa de investigación, hechos descritos en un documento oficial de Contraloría y por tanto del Estado de Chile. Rodrigo Daroch en el pasado ya había usado a los tribunales para defender sus actos o zanjar desavenencias mediante querellas [5].
El fallo de primera instancia condenó al director de Resumen, Felipe Soto, a
(i) una pena de reclusión efectiva de 61 días de cárcel, sustituida sólo por la «irreprochable conducta anterior» por remisión condicional con firma mensual por un año,
(ii) el pago de una multa de 11 UTM y
(iii) la suspensión de su cargo u oficio durante el tiempo de su condena.
En redes sociales diversos usuarios comentaban que se trataba de un fallo por «injurias», sin ponderar que el fallo en sí mismo, es un atentado gravísimo contra la libertad de expresión, pues un tribunal condenó a un periodista con cárcel y a un medio de comunicación independiente con multas, por haber realizado periodismo de investigación sobre eventuales hechos de corrupción de funcionarios públicos, investigación además avalada por la investigación administrativa realizada por Contraloría.
El fallo fue duramente cuestionado por el Colegio de Periodistas[6]. Rocío Alorda Zelada, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile manifestó que «es un profundo retroceso para la Libertad de Prensa y el Derecho a Informar en Chile. Estos fallos van contra todos los estándares internacionales en defensa de la libertad de expresión, por lo tanto, urge modificar el Código Penal para erradicar acciones limitantes y disuasivas en investigaciones en casos de interés público»,
En diversos informes, la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha manifestado en varias oportunidades «su preocupación sobre que en Chile existan mecanismos penales para castigar el discurso sobre asuntos de interés público». Las recomendaciones del RELE para el Estado de Chile solicitan «despenalizar la calumnia e injuria, y convertirlas en una acción de carácter civil, de conformidad con los estándares internacionales y mejores prácticas. Esto será especialmente relevante para proteger las expresiones críticas sobre funcionarios públicos, figuras públicas o, en general, asuntos de interés público. Asimismo, recomienda al Estado fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores».
El Observatorio del Derecho a la Comunicación, publicó una alerta para la labor informativa en Chile, pues «esta sentencia afecta a la libertad de prensa e inhibe el control social sobre los funcionarios públicos»[7].
La prisión para periodistas, obtenida vía juzgados, sería inédita en esta década[8], pese a que, en el pasado reciente, diversos medios no judiciales han atentado contra la labor informativa de la prensa independiente. Ciper en mayo de 2021[9] resumía estos hechos: «El atentado contra el equipo de TVN en Cañete, las revelaciones de espionaje a periodistas por parte del Ejército, las presiones del Gobierno y las Fuerzas Armadas al canal La Red por los cambios en su línea editorial, han llevado a que los problemas de libertad de expresión en Chile hayan trascendido de las bambalinas en que han sido puestos durante estos 30 años, hasta ponerse al centro del debate público […] Datos que evidencian que este no es el país ejemplar en la materia que algunos han insistido en difundir internacionalmente y que, en Chile, al igual que en otros países de la región, persisten graves problemas de libertad de expresión».
En la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, organización integrada por el Estado de Chile, se establece que:
«[10°] Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas», y
[11°] «Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato‘ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información»[10].
Ningún medio perteneciente al oligopolio periodístico ni grandes medios empresariales, radiales o televisivos, ha publicado hasta la fecha esta noticia. Solo medios regionales [11] o medios independientes radiales [12]o digitales han comunicado esta persecución judicial.
Hacemos un llamado a difundir la dictación de este fallo judicial de consecuencias políticas directas para la sociedad, pues es el Estado por medio de su aparato institucional quien busca censurar a medios independientes. Judicialmente este fallo puede sentar un precedente que permitirá a funcionarios públicos, políticos, empresarios, etc. silenciar cualquier investigación sobre eventuales irregularidades en las que estén involucrados, pues bastará interponer una querella contra el medio para -mediante la cárcel-, conseguir el silencio y la impunidad.
[1] https://resumen.cl/2022/07/05/el-metodo-daroch-en-la-provincia-del-bio-bio-presuntos-sobresueldos-en-la-municipalidad-de-quilleco/
[2] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2022/04/27/abren-sumario-contra-rodrigo-daroch-por-trabajos-paralelos-en-municipios-y-actividades-de-campana.shtml
[4] https://resumen.cl/2022/07/05/el-metodo-daroch-en-la-provincia-del-bio-bio-presuntos-sobresueldos-en-la-municipalidad-de-quilleco/
[5] https://www.latribuna.cl/politica/2017/05/09/rodrigo-daroch-se-querella-en-contra-del-concejal-edmundo-cofre-de-santa-barbara.html
[6] https://www.colegiodeperiodistas.cl/2023/01/colegio-de-periodistas-de-chile-por.html?m=1
[7] https://observatorioderechocomunicacion.cl/condenan-a-61-dias-de-carcel-a-editor-de-periodico-digital-que-publico-reportaje-sobre-presuntas-irregularidades-en-remuneraciones-de-la-municipalidad-de-quilleco/
[8] El año 2015 la Corte Suprema ratificó un fallo de cárcel (condena de 540 días) para los directores del semanario El Ciudadano por el delito de injurias a raíz de un reportaje denominado «El señor del mal»
[9] https://www.ciperchile.cl/2021/05/03/crisis-de-la-libertad-de-expresion-en-chile/
[10] https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm#:~:text=Es%20deber%20de%20los%20Estados,de%20informaci%C3%B3n%20de%20inter%C3%A9s%20p%C3%BAblico.
[11] https://araucaniadiario.cl/contenido/19468/colegio-de-periodistas-de-chile-rechaza-condena-a-editor-del-medio-digital-resum
[12] https://radiojgm.uchile.cl/editor-de-resumen-tras-fallo-contra-comunicador-este-amedrentamiento-no-solo-alerta-a-resumen-sino-a-todos-quienes-generan-comunicacion-independiente/
