En 2016 se declaró a las costas chilotas como zona de catástrofe, debido al proceder contaminante de empresas salmoneras al deshacerse de salmones descompuestos. A pesar de los daños en la flora y fauna marina, y los estragos que provocó en la sociedad civil, la fiscalía de Valparaíso busca hacer un perdonazo al pedir que se cierre la investigación. En este caso lleno de irregularidades destaca la Directemar por su permisividad ante la situación y el daño ambiental irreparable.
El viernes veinte de agosto, el polémico fiscal Claudio Rebeco, solicitó ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso el sobreseimiento definitivo de la causa que investiga el vertimiento de 9 mil toneladas de salmones muertos al mar en Ancud. Esta jugada haría que el caso se cierre definitivamente, y desde luego, impediría que se presenten nuevas querellas contra los responsables (empresas salmoneras) de este desastre medioambiental.
La abogada Oriana Llauca Huala encareció que de acogerse la solicitud del fiscal Claudio Rebeco, “se estaría blindando a las salmoneras y los funcionarios públicos responsables de estos vertimientos. Cuando le pedimos por última vez la carpeta investigativa, en abril pasado, nos liberó cuatro cuadernillos de la causa que no representan el 1% de todo lo que se recabó en la región de Los Lagos y en vez de considerar informes de Sernapesca, Directemar u otras instituciones, se guiaron por un informe que elaboró Salmon Chile, que es el gremio salmonero de las empresas implicadas. Él ni siquiera vio la carpeta».
Las empresas salmoneras culpables de este suceso fueron las siguientes: Camanchaca, Aqua Chile S.A, Granja marina Tornagaleones y Productos del Mar Ventisqueros S.A.
La querella fue presentada el 5 de mayo de 2016, es decir, hace más de cinco años. En ella se incluyó a los funcionarios públicos de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), debido a que estos autorizaron el procedimiento que afectó la flora y la fauna marina. Este hecho contaminante viola sus reglas ecológicas y, por ende, el objetivo de proteger la vida humana y el medio ambiente acuático.
En 2018 la causa pasó a manos de la Fiscalía de Valparaíso, ya que las oficinas de la Directemar se ubican en dicha ciudad. Hasta la fecha la investigación no avanzó, lo que no sorprende al ser de temática ecológica y una querella en contra de empresas y funcionarios públicos de la Armada.
En esta línea, el persecutor actual, Claudio Rebeco, ha hecho mirada gorda ante el material elaborado por la anterior fiscal, Pamela Salgado, en 2016. Ella es parte de la unidad especializada en delitos ambientales de la región de Los Lagos.
Orietta Llauca Huala, abogada representante de las comunidades afectadas en Chiloé, Calbuco y Maullin, hizo hincapié en que luego de la asunción de la Fiscalía de Valparaíso, “hemos solicitado en reiteradas ocasiones la carpeta investigativa completa, cuestión que no fue respondida. También solicitamos una reunión con el fiscal y tampoco fue respondida. Finalmente en abril me notifican de una resolución que fijó audiencia para que se comunique el cierre de la investigación, segundo, se debate sobre la solicitud de sobreseimiento definitivo y además sobre la decisión de no perseverar”.
La marea roja
En la región de Los Lagos, lugar donde ocurrió el vertimiento de más de 9000 toneladas de salmones muertos, al menos dos comunidades cercanas a Chiloé fueron afectadas por los peces muertos: Calbuco y Maullín. Este desastre tuvo consecuencias negativas en casi cinco kilómetros costeros, y para ese entonces la presidenta, Michelle Bachelet, decretó “zona de catástrofe”.
Sobre las implicancias de este evento contaminante la abogada, Orietta Llauca Huala, detalló que “significó un daño ambiental irreparable, la pérdida de vida de muchas especies, además de generar un problema económico grave a los pescadores y recolectores de orilla. En Cucao se generó una mortalidad enorme de machas, y la zona vive de la recolección de machas, por ende ese año, su fuente laboral se perdió. Como hubo afectación a los productos del mar, la gente no tenía certeza de si le afectaría el consumo de estos productos, afectando la actividad turística”.
La abogada agregó que, “también hubo un impacto cultural, porque recordemos que la recolección de orilla es una actividad ancestral de los pueblos originarios. A esto hay que sumarle el daño medio ambiental y turístico, esto alteró la vida de Chiloé en un 100% y hasta hoy no tiene reparación ni justicia y el Ministerio Público de Valparaíso, lo que pretende hoy es cerrar la causa sin culpables”.
La abogada consiguió aplazar la audiencia de revisión de las solicitudes de sobreseimiento definitivo y decisión de no perseverar, presentada la Fiscalía de Valparaíso, ya que presentó una cautela de garantía. La audiencia de revisión de dichas solicitudes quedó para el próximo 21 de septiembre.
